Para Gamarra, cuando nos referimos a este caso, “estamos hablando de coimas, sobornos y varios delitos. En general, el funcionario público antepuso sus intereses personales a los del Estado. Básicamente, estamos ante personas que han invocado influencias reales o simuladas para tratar de convencer a funcionarios clave para el otorgamiento de licitaciones, contratos y modificaciones a los mismos, a fin de favorecer a varias constructoras brasileñas. En este esquema están involucrados los tres últimos gobiernos. Hemos tenido funcionarios que se han acercado a estas compañías o ejecutivos de las mismas que han buscado a personas para obtener estas ventajas”.
El abogado anotó que siempre se buscaba obtener un beneficio para estas empresas: “Las ampliaciones de contratos vía adendas buscaron obtener mayores ganancias para estas constructoras, jamás para beneficio del Estado. Casi todos los arbitrajes terminaron en que el monto de lo discutido sea a favor de estas compañías”. Más aún, precisó que parte del dinero que gana la empresa por parte del Estado es lo que ingresa como soborno o tráfico de influencias al funcionario público corrompido. “En estos casos, hay un beneficio mutuo, tanto para la empresa que se beneficia con la licitación, así como del funcionario que presenta sus influencias o es directamente corrompido”, añadió.
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