Para Huilca, el D.L. 1323, antes de su derogación parcial, era una de las medidas con las que el Congreso podía subsanar la falta de normas que atienden a sectores específicos de la sociedad. “El problema es que no todos tienen las mismas condiciones de vida, algunos tenemos una mayor vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres o pertenecer a una comunidad indígena, por el hecho de ser lesbianas o gays, entonces sí se hace necesario que el gobierno haga un reconocimiento de esa vulnerabilidad y legisle particularmente para proteger a estas personas. En ese marco es que se dio esta legislación”.

Los hallazgos recogidos por organizaciones de la sociedad civil son elocuentes sobre la condición desfavorecida que atraviesan comunidades como la LGBTI. “Hemos encontrado que el solo hecho de manifestar algún tipo de afecto a tu pareja hace que tú seas sacada del espacio público, a pesar de que tengas derecho a estar allí como cualquier otra pareja heterosexual. ¿Con qué idea? Bajo el prejuicio de que las personas homosexuales, trans, etcétera son escandalosas o que afectan a niños y niñas alrededor, aunque la CIDH ha dicho que el principio de interés superior del niño no puede ser usado para discriminar a las personas”, detalla Karen Anaya, asesora legal de Promsex. Los casos expuestos por Anaya dan cuenta de actos que afectan la integridad de la persona al punto de asesinarla.

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